Resumen:
La delincuencia en El Salvador es un fenómeno que padece la sociedad salvadoreña y que creció desde mediados de los noventa, fortaleciéndose progresivamente, ya que pasó de grupos delincuenciales aislados a grupos de delincuencia organizada que, con la tolerancia y apoyo de gobiernos anteriores, se atribuyeron el control de porciones de territorio. Las maras o pandillas en El Salvador, como parte de su accionar, realizan atentados sistemáticos a la vida, seguridad e integridad personal de la población; atentan contra autoridades civiles, militares, policiales y penitenciarias; atentan contra la propiedad, mediante la ejecución de delitos de extorsión a personas naturales o jurídicas; vulneran el derecho de todo ciudadano de residir en cualquier lugar del territorio, al forzar el abandono de viviendas mediante amenazas; vulneran el derecho a la educación, al obligar a la deserción de estudiantes; entre otras acciones, que son realizadas de manera sistemática, planificada y organizada. Misión Permanente de El Salvador ante la Oficina de las Naciones Unidas y Otros Organismos Internacionales {MPESAONU].2022, p.1).
Descripción:
Esa situación, tiene un punto de inflexión, en razón que la Sala de lo Constitucional
de la Corte Suprema de Justicia, en su sentencia 244-2015, de las once horas del
día 2 de septiembre de 2015, se pronunció respecto de los grupos criminales maras
o pandillas de la siguiente manera: "El ejercicio organizado y sistemático de la
violencia, que mediante afectaciones concretas de bienes jurídicos individuales o
colectivos, busca intimidar de forma general a la población, controlar territorios
poblacionales, compeler a las autoridades gubernativas a negociar concesiones
penitenciarias o de otra índole, afectar el sistema económico de una nación, afectar
el marco de la institucionalidad democrática y el sistema de derechos fundamentales
contemplados en la Constitución” (CSJ. 2015)
"Son grupos terroristas, las pandillas denominadas Mara Salvatrucha o MS-13 y la
Pandilla 18 o Mara 18, y cualquier otra pandilla u organización criminal que busque
arrogarse el ejercicio de las potestades pertenecientes al ámbito de la soberanía del
Estado, control territorial, así como el monopolio del ejercicio legítimo de la fuerza
por parte de las diferentes instituciones que componen la justicia penal-,
atemorizando, poniendo en grave riesgo o afectando sistemática e
indiscriminadamente los derechos fundamentales de la población o de parte de ella;
en consecuencia, sus jefes, miembros, colaboradores, a apologistas financistas,
quedan comprendidos dentro del concepto de "terroristas", en sus diferentes grados
y formas de participación, e independientemente de que tales grupos armados u
organizaciones delictivas tengan fines políticos, criminales, económicos
(extorsiones, lavado de dinero, narcotráfico, etc.), o de otra índole." (CSJ.2015)