Resumen:
El Salvador entre 1980 a 1992 sufrió una guerra civil, la cual provocó una emigración masiva de salvadoreños. Durante
la década de los años 1980, aproximadamente 92,000 salvadoreños habían emigrado a Estados Unidos, la mayoría
de la cual se asentaría en barrios de Los Ángeles, donde surgirían las dos principales pandillas de Centroamérica,
la Mara Salvatrucha y la Mara 18. La Mara Salvatrucha fue fundada por salvadoreños mientras la Mara 18 fue fundada
por mexicanos quienes posteriormente aceptarían también a centroamericanos. Ambas pandillas crecieron pero
durante ese fenómeno algunos miembros en situación migratoria irregular fueron deportados por el entonces gobierno
del Presidente Bill Clinton. Los deportados formaron células de estas pandillas en los países a los que arribaron. Lo
que inicialmente empezó como un pequeño grupo criminal en El Salvador, de forma circunstancial se convirtió en un
severo problema.
El gobierno no puso mucha atención a estos grupos, sino hasta la década de los años 2000. En el 2012 el
presidente Mauricio Funes pactó una tregua secreta con las pandillas, lo cual redujo temporalmente la criminalidad,
pero en 2013 esta empezaría a subir de nuevo, elevándose a tal punto que en 2015 El Salvador fue el país no en
guerra más peligroso del mundo, con una tasa de 103 homicidios por cada 100 000 habitantes. El presidente Salvador
Sánchez Cerén empezó a emplear a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. En 2015, la Sala de lo
Constitucional tipificó a las pandillas, sus jefes, miembros, colaboradores, apologistas y financistas como terroristas y
declaró ilegal cualquier tipo de negociación con ellos
Descripción:
El excomandante guerrillero Salvador Sánchez Cerén asumió el poder en El Salvador (2014-2019) y las pandillas
incrementaron las acciones de violencia para presionar una negociación, pero el gobierno cerró toda posibilidad de
tregua. La Corte Suprema salvadoreña en el 2015 concluyó que la MS y la Barrio 18 eran grupos terroristas, para que
los tribunales pudieran imponer a los pandilleros penas severas de hasta 60 años de cárcel.
Para el año 2016, luego de una matanza de 11 trabajadores que estremeció al país y que las autoridades atribuyeron
a las pandillas, el gobierno decretó estado de emergencia en siete cárceles y aisló a los cabecillas de las
organizaciones. Dos años después, en 2018 surge la “Operación Cuscatlán” que se convirtió en uno de los golpes
más importantes que las autoridades afectaron a las finanzas de la MS-13. Más de 1.500 policías de las fuerzas
especiales, acompañados de fiscales del Ministerio Público, intervinieron negocios como los locales de carros usados,
restaurantes, bares, salas de belleza, cervecerías, viviendas particulares, lujosos ranchos de playa y hasta una
empresa del transporte colectivo que presuntamente funcionaban con dinero de la pandilla MS-13. En el operativo,
las autoridades incautaron 27.000 dólares en efectivo, 194.000 dólares en cuentas bancarias, 63 vehículos y 14
inmuebles.