Resumen:
La presente investigación tuvo como finalidad determinar si los mecanismos legales
con los que cuenta el Estado Salvadoreño para exigir el pago de las cuotas
alimenticias a los salvadoreños con domicilio en los Estados Unidos son efectivos o
no, tomando en consideración que el principal mecanismo que posee es el
“Convenio entre el Gobierno de El Salvador y el Gobierno de los Estados Unidos de
América para la ejecución de obligaciones alimenticias a los salvadoreños”, el cual
fue creado en el año dos mil seis por iniciativa de la Procuraduría General de la
República, mismo que tiene como uno de los objetivos la ejecución de las
obligaciones alimenticias, en el sentido que dicha herramienta permite a los Estados
partes garantizar de forma efectiva los derechos que asisten a los niños, niñas y
adolescentes en relación al derecho de alimento, derecho que se constituye por el
vestuario, alimentación, educación, salud y vivienda.
A manera de determinar si el mismo es efectivo o no, se tomó como parámetro los
datos estadísticos que posee la Procuraduría General de la República, ya que es el
ente encargado de asistir a los usuarios que requieren solicitar la fijación de cuota
alimenticia en el exterior, debido a que es dicha institución quien brinda la
información necesaria y realiza las gestiones pertinentes para llevar a cabo las
diligencias en mención, auxiliándose del Ministerio de Relaciones Exteriores para
que a través de los Consulados salvadoreños radicados en los diferentes Estados
norteamericanos se haga saber la solicitud y exigir el cumplimiento de la obligación
al alimentario.
Asimismo, a efecto de dilucidar si los usuarios tuvieron una respuesta positiva o
realmente se llegó al culmen de la pretensión hecha por la parte solicitante, se
verificaron los expedientes que posee la institución anfitriona de la presente
investigación, ya que al tener acceso a los mismos, el grupo investigador pudo sacar
sus propias conclusiones respecto a que si el convenio antes mencionado ha sido
de ayuda a las personas que lo necesitan y sobre todo a los niños, niñas y
adolescentes que tienen el derecho de ser alimentados. La relevancia del presente trabajo de investigación radicó en que fue de vital
importancia evidenciar la eficacia de los mecanismos legales con los que cuenta El
Salvador, para exigir a las personas que residen en el exterior, el cumplimiento del
pago de la cuota alimenticia a favor de los alimentantes, puesto que es necesario
que se le garanticen los derechos a cada NNA, así como el procedimiento
administrativo con el que cuenta la Procuraduría General de la República y el rol
que desempeña el Ministerio de Relaciones Exteriores.